La Comisión de Peticiones de la Unión Europea acepta la queja de Juan Ignacio Navas Marqués y requiere a la Comisión Europea investigar. Con @PlataformaEPA desde Navas&Cusí se insta a que la investigación debe abarcar la nueva ley, no sólo los 20 años pasados de inacción. No se archiva el expediente de la Comisión Europea contra España.
15 DE NOVIEMBRE DE 2021 BREVE DEBATE EN ESPEJO PÚBLICO SOBRE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS EN ABUSO. OPINIÓN DE FRANCISCO MARHUENDA DESINFORMADO POR COMPLETO SOBRE NUESTRA SITUACIÓN Y SIN MOSTRAR LA OTRA CARA DE LA MONEDAhttps://www.youtube.com/embed/f9IhznywJBI
VÉASE LOS EMPLEADOS DE EMPRESAS SUBROGADAS A LA EMPRESA PÚBLICA QUE PASAN A SER «EMPLEADOS PÚBLICOS FIJOS A EXTINGUIR» SIN PASAR POR NINGUNA OPOSICIÓN
15 DE NOVIEMBRE DE 2021
DESDE EL 2019 EN EUROPA CONCHI RODRÍGUEZ SIGUE LUCHANDO POR LA PERMANENCIA DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS EN ABUSO. AHORA ESTA CAUSA CRECE CON LA ASOCIACIÓN NACIONAL EPA Y SU REPRESENTANTE LEGAL JUAN IGNACIO NAVAS MARQUÉShttps://www.youtube.com/embed/Lml-wct-aBY
Traducción
…la empresa pública, el Gobierno de España, lleva manteniendo en situación a trabajadores temporales en Fraude de Ley, esto significa, encadenando contratos temporales desde 3 años en adelante (tenemos una media de 20 años encadenando contratos en la admon. Pública).
El abuso de esta temporalidad, el abuso que está haciendo el gobierno de España y las CCAA está reconocido por el TS español. Estamos en este momento llevando nuestras quejas hasta el TJUE, al Parlamento europeo y pidiendo casi amparo a Europa porque en España se vulneran todas las Leyes.
Estamos entre 700.000 y 900.000 trabajadores públicos en España en Fraude de Ley.
Lo que hizo el gobierno del ex presidente Mariano Rajoy junto con los 3 sindicatos mayoritarios, fue plantear un gran ERE para dejar en la calle a gente con años de experiencia acumulados para sustituirlos por otros trabajadores. Esto viene dado porque el propio Parlamento Europeo instó al gobierno de España a que tenía que estabilizar a los trabajadores que tenía contratados en Fraude de Ley.
Lo que hacen estos sindicatos y el anterior gobierno es estabilizar “plazas”, no trabajadores, sino sustituir a los trabajadores que tienen experiencia y méritos acumulados, por trabajadores nuevos que van a cotizar menos, con lo cual: menos cotizaciones a la SS, seguimos precarizando los servicios públicos y seguimos recortando. Esto, además, añadido a que se pretende no indemnizar a esos posibles trabajadores que se quedan en la calle.
Lo que está diciendo Europa y lo que se está ganando en sentencias es que sí se está obligado a indemnizar. Esto crearía un agujero en las arcas del estado, en el presupuesto general del estado que sería inasumible para el Estado español.
12 DE NOVIEMBREhttps://www.gstatic.com/atari/embeds/7925c5f8e01bacb9b4b0a3783ae0b867/intermediate-frame-minified.html?jsh=m%3B%2F_%2Fscs%2Fapps-static%2F_%2Fjs%2Fk%3Doz.gapi.es.xsAkyOwjM-4.O%2Fam%3DAQ%2Fd%3D1%2Frs%3DAGLTcCOr6UkdrnFtfYoHd0QkjPt7ec0GwQ%2Fm%3D__features__&r=378463228
12 DE NOVIEMBRE EUROPAPRESShttps://www.gstatic.com/atari/embeds/7925c5f8e01bacb9b4b0a3783ae0b867/intermediate-frame-minified.html?jsh=m%3B%2F_%2Fscs%2Fapps-static%2F_%2Fjs%2Fk%3Doz.gapi.es.xsAkyOwjM-4.O%2Fam%3DAQ%2Fd%3D1%2Frs%3DAGLTcCOr6UkdrnFtfYoHd0QkjPt7ec0GwQ%2Fm%3D__features__&r=198721591
NOVIEMBRE MES DEL FINAL COUNTDOWN
El plazo final para adherirse a estas acciones que incluyen las medidas cautelares, termina el 20 de noviembre. Quien no se haya adherido antes de esa fecha a TODO EL PROCESO, se queda definitivamente fuera del mismo. AVISO, HAY QUE ABONAR TODO EL PROCEDIMIENTO, NO SE PUEDE ADHERIR A SÓLO UNA PARTE DEL PROCESO. ES DECIR, ABONAR SÓLO LA PARTE DE LAS CAUTELARES. SE DEBE ABONAR TODO DE NO SER ASÍ LA PERSONA O PERSONAS QUEDARÍAN FUERA DE LAS CITADAS MEDIDAS CAUTELARES QUE SON NOMINATIVAS. Si estás en esta situación y quieres comunicárnoslo para que formes parte del mismo ponte en contacto con nosotros epa.bruselas@gmail.comNO TE QUEDES FUERA. Lucha por la permanencia en tu puesto de trabajo y por lo que es justo #FIJEZAYA. Si has cesado recuerda que tienes un plazo para interponer la demanda consulta con un abogado para los temas legales. Desde EPA os podemos asesorar.
NOVIEMBRE REVISTA EL JUEVES EL NEGOCIO DE LAS OPOSICIONES
28 DE OCTUBRE HUELGA GENERAL DE EMPLEADOS PÚBLICOS EN ABUSO DE LA TEMPORALIDAD A NIVEL NACIONAL RECOPILACIÓN DE NOTICIAS DE SOSTEMPORALES HTTPS://WWW.SOSTEMPORALESPUBLICOS.COM/
https://www.youtube.com/embed/kSOfx_F2MKU
22 DE SEPTIEMBRE NOTICIA DEL FARO DE VIGO FORMATO PAPEL
22 DE SEPTIEMBRE NOTICIA DEL FARO DE VIGO FORMATO DIGITAL
RESUMEN MES DE SEPTIEMBRE ACCIONES BRUSELAS
*Las personas adheridas en las acciones de Bruselas disponen del informe completo que consta de 76 páginas. https://drive.google.com/file/d/16Ea8UIJKPdZjFTihUsOKCReyY18B1CmN/preview
30 JULIO ENTREVISTA CON OK DIARIO CON JAVIER ARAÚZ Y UN MIEMBRO DE EPA (ESTE ÚLTIMO POR PROBLEMAS TÉCNICOS NO SE PUDO CONECTAR AL EVENTO).
Por error del medio de comunicación se indicó que la tertuliana era portavoz de MI15F y se escribió para subsanar el error, también se comunicó al equipo de MI15F cuando preguntaron al respecto.
A continuación, la entrevista íntegrahttps://www.youtube.com/embed/A8qAnVOcehchttps://www.gstatic.com/atari/embeds/7925c5f8e01bacb9b4b0a3783ae0b867/intermediate-frame-minified.html?jsh=m%3B%2F_%2Fscs%2Fapps-static%2F_%2Fjs%2Fk%3Doz.gapi.es.xsAkyOwjM-4.O%2Fam%3DAQ%2Fd%3D1%2Frs%3DAGLTcCOr6UkdrnFtfYoHd0QkjPt7ec0GwQ%2Fm%3D__features__&r=850287144
24 DE JULIO PRESENTACIÓN DE LA QUEJA ANTE EL PARLAMENTO EUROPEO (ACUSE DE RECIBO)
Desde la Plataforma de empleados públicos en abuso (EPA) queremos comunicaros la siguiente noticia que se está llevando a cabo desde nuestro colectivo.
Bruselas abrió expediente sancionador contra España por el abuso de la temporalidad de los empleados públicos
El expediente es del 2013, pero la Comisión no ha avanzado en el asunto. Por eso el despacho Navas & Cusí va a iniciar acciones que obliguen a la Comisión a manifestarse o que sea el Tribunal de Luxemburgo quien juzgue su inactividad
Luxemburgo resolvió el pasado 3 de junio que desde el punto de vista práctico la normativa española no tiene mecanismos para evitar -y en su caso sancionar- el abuso de la temporalidad.
Navas & Cusí. Bruselas, 24 de junio de 2021. El colectivo de ‘Empleados Públicos en Abuso’ denunció el abuso de la temporalidad española ante la Comisión Europea en 2013. Sin embargo, pasada casi una década, Bruselas no ha tomado ninguna decisión. “Es una pasividad inadmisible cuando estamos hablando de un abuso que afecta a 800.000 españoles, ciudadanos europeos, por un incumplimiento de la directiva sobre Trabajo de Duración Determinada de 1999”, denuncia Juan Ignacio Navas, socio-director de Navas & Cusí, despacho español especializado en derecho europeo con sede en Bruselas.
Hasta la fecha son cientos los empleados públicos que se han sumado a la acción jurídica emprendida por Navas & Cusí. “Estamos seguros que serán miles los que se sumen porque estamos hablando de un problema que afecta a un colectivo demasiado amplio de trabajadores públicos abusados por temporalidad”, apunta el socio-director de navascusi.com
Navas anuncia que este mismo mes de junio emprenderá acciones para forzar a la Comisión a manifestarse sobre el abuso de la temporalidad en los empleados públicos o bien denunciar su pasividad ante el Tribunal de Justicia de la UE. Precisamente Luxemburgo ya se ha manifestado hasta en cuatro ocasiones sobre el abuso de la temporalidad en los empleados públicos. La última, el pasado 3 de junio, sobre un caso de una ‘interina’ de la Comunidad de Madrid que fue despedida sin indemnización tras 13 años concatenando interinidad.
Denuncia la inexistencia de mecanismos para prevenir y sancionar el abuso
“Luxemburgo viene a resolver que la ley española no se opone a la directiva comunitaria en la letra, pero sí en el resultado”, señala Navas. La Ley española permite prolongar la temporalidad hasta que finalicen los procesos selectivos y establece un plazo de 3 años para organizarlos.
Sin embargo -afea Luxemburgo- el Supremo permite prorrogar ese plazo legal de 3 años por diferentes motivos, por lo que el resultado es “tan variable como incierto”, denuncia el Tribunal de Justicia de la UE. Luxemburgo rechaza las razones “puramente económicas” como la crisis económica “para justificar que el derecho nacional no cuente con medidas destinadas a prevenir y sancionar la utilización de contratos de duración determinada”.
En realidad -continúa Luxemburgo- esas relaciones laborales “no tienen carácter temporal, sino por el contrario, permanente y duradero”. Y concluye: la prolongación de la temporalidad “no está justificada”. Por último, el Tribunal de Justicia de la UE afea que la normativa española “no incluya ninguna medida destinada a prevenir y en su caso sancionar, la utilización abusiva de la contratación de duración determinada sucesiva”.
“No sólo queremos que haya una indemnización por despido equiparable a cualquier otro trabajador sino que -como exige Luxemburgo- exista un régimen sancionador disuasorio para que la administración no reitere su práctica abusiva”, concluye Jesús Vega, uno de los coordinadores de ‘Empleados Públicos en Abuso’.
Para Navas, la doctrina de Luxemburgo es clara contra el abuso de la temporalidad en la función pública. “La Comisión Europea terminará concluyendo el incumplimiento del derecho europeo por parte de España lo que conllevará sanciones y permitiría a los ciudadanos reclamar los daños causados, siguiendo la llamada doctrina Francovich-Bonifacio’ de Luxemburgo”, concluye Navas, quien advierte que el proceso de infracción de la Comisión será “preciso y universal” para resolver este problema.
Por último, el socio-director de navascusi.com asegura “ser consciente de que este es un problema endémico y estructural”. Por eso plantea “una solución que compagine el equilibrio presupuestario, el respeto a la legislación europea y la eliminación de los abusos de la temporalidad en la función pública”.
16 DE JUNIO ACCIÓN ANTE LA UNIÓN EUROPEA DE DEFENSA DE TRABAJADORES TEMPORALES E INTERINOS
With the aim of abolishing «irregular» employment in the civil service, the Portuguese Government is planning to integrate into its permanent staff lists those workers who are currently on fixed-term and other forms of precarious contract.
An investigation into the extent of irregular employment in the Portuguese civil service was due for completion by 24 February 1997. It is intended to put an end to practices which until recently had been allowed to take firm root in the civil service. This situation had come about because of the need to overcome certain difficulties caused by the limits fixed by law on the number of staff who could be employed on a permanent basis. In order to satisfy the requirements of the various civil service departments, staff would be recruited under a system of fixed-term contracts, which were then successively renewed, or even under a system of signing contracts for services (the legal form through which self-employment takes place), even though these workers were effectively performing the same duties as those working under an employment contract of indefinite duration.
In keeping with agreements signed with the trade unions in 1996, an investigation was set in motion to catalogue the number of such positions (estimated to involve roughly 50,000 workers). The purpose was to normalise the employment of workers who, without an appropriate legal contract, had been performing duties that corresponded to the permanent needs of the various departments, and had been working full time in a subordinate position in the hierarchy for more than three years. The situation was to be corrected by filling vacancies in the permanent staff lists, whenever these arose, or by increasing the number of such posts.
With the end of the investigation and the announcement that civil service management would be made responsible for the creation of any irregular employment positions, it is hoped that the problems caused by their proliferation will now be eliminated. In recent years there has been a tendency for the Portuguese legal system to consider workers recruited by the civil service in this irregular fashion to be employed as if under a contract of indefinite duration, although the legal status of these employment contracts is very doubtful. At the same time, successive attempts at rationalising the permanent staff of the civil service have been seriously hampered by the fact that the high level of these hidden forms of employment, such as fixed-term contracts or contracts for services, makes it impossible to calculate the precise number of employees involved.
It must, in any case, be stressed that drawing up this census of irregular employment has itself been hindered by the lack of any response from a significant number of departments, with the result that the number of positions declared so far is still much lower than the estimated total. In order to overcome this difficulty, the Government has approved measures designed to make the managers of those departments responsible for meeting the 24 February deadline (though in the event this deadline was not met). At the same time, negotiations are in progress with the trade unions to decide upon the terms for integrating into the civil service those workers who have been recruited in an irregular manner.
16 DE ABRIL DECLARACIONES DEL EXMINISTRO JERÓNIMO SAAVEDRA SOBRE «FIJEZA ES CONSTITUCIONAL» PARA LOS EMPLEADOS PÚBLICOS EN ABUSO
